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- A causa de su condición de género, las defensoras sufren formas específicas de agresión, revela informe presentado por la CDHDF
Las defensoras de derechos humanos están expuestas a un mayor riesgo de sufrir actitudes vejatorias, esto debido a que su condición de género representa un agravante para ellas durante el ejercicio de su trabajo, así lo aseguró Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La declaración del ombudsman capitalino tuvo lugar durante la presentación del informeDefensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011 sobre condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo, el cual fue dado a conocer esta mañana en las instalaciones de la CDHDF.
Se trata de un documento que sistematiza las respuestas de 50 defensoras mexicanas a un cuestionario realizado durante el Primer Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
De acuerdo con los resultados de este diagnóstico, 76 por ciento de las defensoras participantes reconocieron especificidades de género en el tipo de violencia que viven por realizar su trabajo; de éstas, 40 por ciento señaló a la violencia sexual como la principal forma de agresión específica, seguida por discriminación, desprestigio y amenazas contra familiares.
Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las entidades donde mayores agresiones a defensoras se denunciaron; además de que las principales victimas de agresiones fueron quienes trabajan los temas de feminicidio, violencia intrafamiliar, derechos indígenas, diversidad sexual y mujeres que ejercen el periodismo.
El informe arrojó también que 55 por ciento de las defensoras encuestadas considera como responsable de esta violencia al Estado -agentes o autoridades municipales, estatales o federales, así como de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial- seguidos por grupos conservadores ligados a las Iglesias, grupos paramilitares, empresas, medios de comunicación y los mismos compañeros de trabajo.
Las organizaciones responsables de la publicación de este diagnóstico fueron Asociadas por lo Justo (JASS), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
“Nuestro delito más grande en este país es ser mujeres y levantar la voz”
Durante la presentación del informe participaron algunas defensoras de derechos humanos de distintos ámbitos: Graciela Ramos, feminicidio y violencia de género; Felicitas Martínez, mujeres indígenas; Valeria Escorza y Blanca Velázquez, derechos laborales; Ana Karen López Quintana, diversidad sexual; y Yunuhen Rangel, defensora de mujeres periodistas.
Todas ellas coincidieron en que la represión, las amenazas de muerte vía teléfono, correo electrónico, mantas o personalmente; así como las difamaciones en medios de comunicación, los allanamientos y procesos judiciales sin fundamento y los ataques mortales contra ellas o sus familiares, son algunos de los riesgos a los que se enfrentan por realizar su trabajo.
Por tal motivo, hicieron un llamado al Estado mexicano para que cumpla con su compromiso de garantizar seguridad a las defensoras de derechos humanos, quienes, por su condición de género, están expuestas a tipos de violencia particulares.
“Nuestro delito más grande en este país es ser mujeres y levantar la voz”, concluyeron.
De acuerdo con la definición establecida por la Organización de Naciones Unidas, un defensor o defensora de derechos humanos es toda persona, grupo o institución que contribuye a la eliminación efectiva de todas las formas de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos.
Entre 2010 y 2011 se registraron en el país nueve asesinatos de defensoras de derechos humanos y cinco de mujeres periodistas.
