Inauguran en el Salón de Sesiones del Senado Primer Parlamento de las Mujeres Indígenas

En el Salón de Sesiones del Senado de la República, iniciaron los trabajos del Primer Parlamento de las Mujeres Indígenas, un ejercicio para visibilizar los múltiples obstáculos que enfrenta este sector de la población y generar acciones para erradicar la violencia política, feminicida e institucional en su contra.  

Se trata de un proyecto que impulsaron los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, Eduardo Ramírez Aguilar y Xóchitl Gálvez Ruiz, respectivamente. 

En la apertura del Parlamento, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, se comprometió para consolidar un México incluyente, paritario y fraterno, que se una en una sola voz, a favor del respeto de los derechos de todas las mujeres del país, especialmente de las mujeres indígenas.  

La Cámara de Senadores, expresó, hace un llamado a la sororidad para la expansión de los derechos de las mujeres y a una reconciliación social con las que pertenecen a los pueblos indígenas. La legisladora aseguró que los pueblos originarios de México son los portadores de nuestra identidad y cultura, las cuales, al día de hoy, están más vivas que nunca.  

Es por ello, agregó, que este Parlamento busca hacer un homenaje a las mujeres indígenas, porque ellas son la piedra angular de sus familias, y han formado parte trascendental de la lucha de los pueblos y de las comunidades por su autodeterminación. 

El ejercicio, enfatizó, está encaminado a sensibilizar y visibilizar sobre los múltiples obstáculos que enfrentan a lo largo de su vida, por ejemplo, las reducidas oportunidades para acceder al mundo laboral, la dificultad para tener acceso a los servicios de salud, educación, a su participación en los procesos políticos, alimentación, agua y a la progresividad de sus derechos. 

Son situaciones que provocan que las mujeres indígenas vivan una constante desigualdad y una alarmante discriminación, y que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia, advirtió Sánchez Cordero.  

Ya no podemos permitir que la alarmante discriminación derive, particularmente, en actos de violencia política, física, económica y emocional, que están presentes en un cerco patriarcal que tenemos que romper, concluyó. 

El senador Eduardo Ramírez Aguilar invitó a las participantes a hacer uso de sus derechos y les solicitó “iluminar” a las y los senadores con más ideas legislativas, porque “nosotros quizá podamos ignorar algunos de los temas que ustedes sufren en sus comunidades”. 

Relató que él ha vivido en carne propia la violencia política que han ejercido en contra de las mujeres, en un pueblo de Chiapas en el que, al Consejo de hombres, de mayor edad, “se le derramaban las lágrimas porque no soportaban que una mujer los gobernara, pues consideraban que ellas sólo tenían dos funciones: la de cargar leña y la de tener hijos”.  

Esta situación, expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, “es frustrante y lastima la dignidad de las mujeres.”

Dijo que es necesario asumir la responsabilidad con las nuevas generaciones, a fin de sensibilizarlas con los derechos de las mujeres de todo el país, porque “hay hombres a quienes la vida los ha sensibilizado”.  

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseveró que es fundamental promover la participación de las mujeres indígenas en espacios políticos y en la construcción de una agenda legislativa, que combata cualquier acción de violencia política en contra de ellas. 

Asentó que con este ejercicio parlamentario, se busca que las propuestas de las mujeres indígenas sirvan de sustento para elaborar instrumentos legales, así como para garantizar el derecho a su participación y representación política, tanto en el Sistema de Partidos Políticos como en los procesos de elección en sus pueblos y comunidades. 

Porque no puede haber usos y costumbres en sus pueblos y comunidades, que violenten los derechos de las mujeres, no puede permitirse que sean dadas en matrimonio por dinero, “es algo que vamos a trabajar juntas para que lo podamos erradicar”. 

Por su parte, Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, se comprometió a continuar con los trabajos que permitan consolidar los derechos de las mujeres indígenas, como la reforma para impulsar el Sistema Nacional de Cuidados y sobre su salud sexual y reproductiva. 

“Platicaremos con ustedes sobre todo lo que hemos legislado, como la paridad y la violencia contra mujeres y niñas, pero aquí estamos para escucharlas, díganos qué es lo que tenemos que hacer, porque la realidad que ustedes viven es sobre lo que tenemos que legislar”, subrayó. 

El senador Eruviel Ávila Villegas, del PRI, propuso que las demandas de las mujeres indígenas que participan en este Parlamento sean retomadas en una iniciativa y se conviertan en beneficios reales. 

Respaldó la propuesta de la magistrada Mónica Soto Fregoso, para tipificar como nulidad en las elecciones a la violencia de género. Adicionalmente, manifestó el reconocimiento de su Grupo Parlamentario a las mujeres y en especial, a las mujeres indígenas del país, por su aportación al desarrollo y crecimiento de sus comunidades. 

En tanto, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, reconoció que establecer como causal de nulidad de una elección, la violencia política hacia las mujeres por razón de género, es un tema pendiente en nuestra legislación. 

La presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento de Mujeres Indígenas, Yaneth Cruz Gómez, afirmó que este esfuerzo es el inicio para que a las mujeres se les garantice la existencia de una democracia efectiva y puedan usar espacios de decisión y elección popular.  

“Abrazo a cada uno de ustedes desde mi corazón y la oportunidad de compartir nuestra palabra”, expresó. 

En la clausura del Primer Parlamento de las Mujeres Indígenas, que se llevó a cabo en el Senado de la República, representantes de diversos pueblos y comunidades originarias hicieron un llamado urgente, para que el Estado garantice su protección en contra de cualquier forma de violencia y discriminación. 

Dicho encuentro se realizó en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a convocatoria de los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, Eduardo Ramírez Aguilar y Xóchitl Gálvez Ruiz, para visibilizar los múltiples obstáculos que enfrenta este sector de la población.  

Al clausurar los trabajos de este ejercicio parlamentario, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, dijo que no sólo se requiere de voluntad política para cerrar la brecha de género, sino también de recursos económicos para poder cumplir con este objetivo.  

Por tal motivo, expresó que se buscarán aterrizar los presupuestos necesarios, que permitan erradicar la violencia política, económica e institucional que padecen, porque “las niñas, jóvenes y mujeres indígenas exigen esfuerzos concertados para abordar la violencia en todas sus manifestaciones”.  

Dijo que es fundamental procurarles oportunidades de desarrollo profesional y personal, así como atender sus demandas de salud, vivienda y trabajo que requieren, con el objeto de empoderarlas.  

En tanto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, advirtió que la violencia política en razón de género afecta a las mujeres de todo el país y se manifiesta de manera diferenciada en las comunidades indígenas, por sus condiciones políticas, sociales y culturales.  

Recordó que el INE ya aprobó los lineamientos para que los partidos políticos atiendan, sancionen, reparen y erradiquen este problema; además, se creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, en el que, derivado de la elección de 2021, hay 157 personas reportadas, de los cuales 131 son hombres y 26 son mujeres. 

Precisó que las entidades que registraron más casos de este tipo fueron Oaxaca con 42; Veracruz, 30; Baja California, 13; Chiapas y Sonora, nueve; Quintana Roo y Tabasco, siete por cada estado; Campeche y Guanajuato, seis cada uno.  

En la declaratoria final, las parlamentarias plantearon la necesidad de establecer un enfoque indígena de género en todas las acciones de gobierno que se promuevan; además, solicitaron que se analice la actual legislación a fin de promover reformas que garanticen la educación de calidad.  

“Que podamos recibir, en nuestra lengua materna, lo relativo a nuestros derechos políticos para contar con apoyo en el acceso a cargos públicos y de elección popular, así como poder ejercer plenamente nuestro derecho a la propiedad de la tierra”. 

También demandaron a los representantes populares, locales y federales, las adecuaciones a los diversos ordenamientos jurídicos, para que se establezcan mecanismos de defensa de sus derechos político-electorales y contra la violencia política de género. 

En este sentido, urgieron para que se incorpore en la legislación electoral como causal de nulidad la violencia política en contra de las mujeres indígenas. 

A las senadoras y senadores les pidieron iniciar reformas legislativas pertinentes que permitan integrar la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, así como impulsar que en los tres órdenes de gobierno se impulsen acciones que favorezcan la participación y acceso de las mujeres indígenas en los cargos públicos, pero, sobre todo, que se legisle para sancionar a quienes usurpen su identidad y con ello obstruyan el acceso a cargos de elección popular.   

En la clausura también participó el senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, quien expresó que “es fundamental abrir caminos más amplios a la participación de las mujeres indígenas, a efecto de que en un futuro próximo estén ampliamente representadas en el Parlamento.  

En su oportunidad, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zilbermann, advirtió que no reconocer al país como una nación multicultural, ha sido una noción errada de las instituciones, ya que se ha buscado resolver sus necesidades de acceso a políticas públicas, servicios y programas, con un enfoque generalizado. 

Las mujeres de los pueblos y comunidades, subrayó, necesitan una atención especial, porque la violencia institucional contra ellas arrastra múltiples discriminaciones, por lo que se deben construir e implementar políticas que reconozcan a las mujeres indígenas como actoras fundamentales y sujetas de derechos.  

DZ