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“Nuestro país requiere fortalecer su posición para atraer inversiones y sólo podrá lograrlo mediante el respeto al estado de Derecho e integridad”, Claus Von Wobeser, Presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México)
En este contexto derivado de la crisis por la pandemia COVID-19, la International Chamber of Commerce (ICC) alienta a los líderes de empresa a que conserven los más altos estándares de integridad en las transacciones comerciales y a que sigan actuando de manera comprometida con respecto a los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de integridad al realizar actividades empresariales.
“La pandemia crea entornos que aumentan los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de dinero y otras formas de comportamiento ilícito que afectan a las empresas”, alertó el organismo global en un comunicado, al dar a conocer la Guía: Integridad para una respuesta y reconstrucción resiliente pos-Covid 19.
“Con esta Guía de la ICC, queremos contribuir a impulsar a México hacia delante”, expresó Claus Von Wobeser, quien advirtió que “la reconstrucción debe estar cimentada en el respeto al estado de derecho y la integridad”.
“Nuestro país requiere fortalecer su posición como una jurisdicción atractiva a la inversión para recuperar sus fuentes de trabajo y potencial de crecimiento y desarrollo”, puntualizando que sólo se logrará esto si se honran y respetan las reglas del juego y se privilegia la transparencia en el manejo de los recursos públicos, al tiempo que las empresas deben robustecer su compromiso con sus programas de Compliance.
La integridad y la transparencia son factores clave para guiar a los reguladores y empresas durante la respuesta a la crisis por Covid-19 y la reconstrucción, considera la ICC, observando que “la pandemia actual también ofrece nuevas oportunidades para crear conciencia sobre la necesidad de que todos cumplan con altos estándares de integridad y transparencia, así como para innovar con nuevas soluciones colaborativas hacia estos objetivos”.
Diego Sierra, Presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México, destaca que estamos viviendo momentos de falta de operaciones y flujo para las empresas, en las que muchas se han visto orilladas al borde de la insolvencia. Además, las cadenas de suministro a nivel global han sufrido disrupciones insospechadas y los recortes presupuestales se han convertido en una constante. Donde los gobiernos siguen batallando con una crisis pública de salud que no parece decrecer.
Agregando que, en México, “esto abre nuevos y mayores riesgos de corrupción y observancia de las políticas de integridad. En este contexto, el Compendio de Integridad Empresarial de la ICC resulta una herramienta particularmente útil para que las empresas preserven y eleven sus estándares de integridad. Ante la tangible disminución de recursos, invitamos a nuestros socios a acercarse a nuestros expertos en la Comisión Anticorrupción para encontrar estrategias creativas y eficientes que contribuyan a una reconstrucción resiliente pos-Covid-19”.
El comunicado de la ICC Mundial señala también que tanto el sector público como las empresas, deben respetar los principios de transparencia y competencia durante el proceso de contratación, aún en circunstancias emergentes. Y de igual forma, deben combatir prácticas ilícitas en tiempos de crisis como son la falsificación de medicamentos, insumos y equipos médicos; así como de documentación para adquirir financiamientos públicos.
ICC recomienda también conservar el uso de la debida diligencia, para hacer frente a los riesgos de corrupción y los efectos nocivos para los derechos humanos derivados de las perturbaciones en la cadena mundial de suministros.
Y recomienda mitigar los riesgos de corrupción derivados de importantes retrasos aduaneros, mientras que las empresas y los gobiernos tratan de conseguir suministros que se necesitan con urgencia a través de las fronteras.
Para finalmente mencionar, al respecto de la preservación del estado de Derecho, que ICC previene que las circunstancias excepcionales de crisis, pueden llevar a algunos gobiernos a tomar atribuciones excepcionalmente fuertes y no necesariamente propias de sus facultades, sin especificar cuándo cesará este uso extra-facultativo. Las leyes y políticas, deben establecer límites claros en cuanto al alcance y la duración del uso excepcional del poder por parte de los gobiernos. Esas preocupaciones, son especialmente graves en algunos países que se caracterizan por una mala gobernanza, una supervisión normativa deficiente, sistemas judiciales parciales y corrupción.
