Con la finalidad de visibilizar los altos índices de violencia de los que son víctima las mujeres mexicanas, desde temprana hora, mil 235 tapas de ataúd de cartón, cada una en representación de una víctima de feminicidio en los últimos 18 meses en ocho estados de la República -registrados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)- formaron un laberinto en medio de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual invitaba a los transeúntes a recorrerlo y conocer la realidad en materia de violencia de género en el país.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, en comunicado leído por Silvia Solís, vocera de la sociedad civil organizada, indicó que las reformas legislativas para tipificar los feminicidios, si bien pueden constituir un avance en la lucha formal contra este tipo de delitos, resultan insuficientes si no existe voluntad política de los gobiernos para prevenir y combatir este “grave problema social”.
En el texto, la Red calificó a la reforma del Estado de México como un “maquillaje de emergencia” que sólo sirve para dar una apariencia pública de compromiso durante épocas electorales, pero sin acciones efectivas que las acompañen.
Además, el documento refiere que a dos años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara la sentencia del caso del Campo Algodonero, en la cual condena al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como los de sus madres y familiares, el gobierno de México y la mayoría de las autoridades estatales no dan muestras de un compromiso para prevenir y combatir con efectividad el “terrible” problema del feminicidio.
Añade que la construcción de un monumento en memoria de las víctimas, dos años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una muestra de reconocimiento formal pero que no pasa de ser eso si los gobiernos federal y estatales no impulsan acciones que incidan en la eliminación de la cultura machista que persiste en las mismas dependencias gubernamentales, y en todas las esferas de la sociedad, lo cual es la raíz del problema.
Aunado a esto, señala el comunicado, esta actitud se refleja en la negativa de 24 gobiernos estatales, que se negaron a proporcionar información al OCNF acerca de los feminicidios en sus correspondientes territorios.
De esta manera, el documento exige a las autoridades federales, estatales y municipales un cambio radical en su postura ante el grave problema del feminicidio, así como un mayor compromiso social que los lleve de la “pasividad complaciente a la acción inteligente y efectiva para solucionar este intolerable flagelo social, en aras de un mayor bienestar colectivo para todas y todos”.
Cifras dadas a conocer por el OCNF indican que en México, durante los últimos 18 meses, de enero de 2010 a junio de 2011, se registraron mil 235 asesinatos de mujeres en ocho entidades de la República: Estado de México (320), Tamaulipas (169), Sinaloa (168), Jalisco (142), Nuevo León (138), Distrito Federal (125), Oaxaca (102) y Sonora (71).